Herramientas del pasado para enfrentar el COVID-19

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Mirar al pasado es siempre ilustrativo cualquiera sea el caso. La historia no ofrece recetas ni mucho menos soluciones a los desafíos presentes; lo que sí ofrece son referencias ilustrativas y parámetros que nos permiten dimensionar eventos y sucesos contemporáneos. Volver la vista al pasado también permite reconocer y evaluar herramientas útiles para hacer frente a contingencias contemporáneas.

Frente a la grave situación que viven los Estados Unidos de América con un total de poco más de 200 mil de infectados y con un número de decesos mayor a los 4 mil (registrados hasta el momento), el gobierno de Donald Trump ha iniciado la movilización masiva de recursos encaminados a detener el avance exponencial del virus en aquel país y el uso de una herramienta del pasado.

Entre las medidas más drásticas se encuentra la aprobación por el Congreso de un paquete de asistencia de emergencia por un total de 2.2 billones de dólares decretado ley por el presidente Trump el pasado viernes 27 de marzo. Entre las críticas que se han hecho a dicho paquete se encuentra la asignación de cerca de 118 mil millones de dólares para hospitales mientras que la cantidad de recursos asignados para préstamos preferenciales a empresas es de casi 850 mil millones de dólares; es decir que el paquete de emergencia reconoce a la economía y en especial a los empresarios como los sujetos centrales de la asistencia y no al sector salud ni a la población más vulnerable.

La otra crítica importante es que la administración Trump había estando blandiendo como amenaza el uso de la Defense Producción Law (o ley  para la producción de defensa) sin decidirse a invocarla antes de la promulgación del paquete de asistencia.

El gobierno estadounidense volteó al pasado y, consistente con el estilo político de Donald Trump, decidió hacer uso intimidatorio de una ley de 70 años de antigüedad que autoriza al ejecutivo federal coordinar esfuerzos públicos y privados para atender la contingencia de la pandemia y dirigir la capacidad productiva de ciertas industrias.

Especial énfasis se puso sobre la producción de equipo protector para personal de salud, máscaras respiratorias y ventiladores. Cuando el uso intimidatorio de la ley mostró sus límites, el presidente Trump decidió finalmente invocarla el día 28 de marzo tras acusar a la General Motors de desentenderse del compromiso de producir 40 mil ventiladores y reducir la cantidad a entregar a sólo 6 mil. 

Esta ley permite al gobierno federal estadounidense, a través de la Federal Emergency Management Agency, alinear segmentos de la industria manufacturera a la procuración y producción expedita de material y aparatos necesarios para atender las numerosas víctimas de COVID-19. 

El uso de esta vieja herramienta legal permitirá una distribución más eficiente de los recursos para atender la emergencia, aunque poco hará para evitar el otro desastre que al parecer preocupa más al presidente: la grave crisis económica que está en proceso. 

En tan solo dos semanas el desempleo oficial en los Estados Unidos de América aumentó en 3.25 millones de personas y la desaceleración de la economía está a punto de recesión en pleno año electoral. ¿Será que el presidente Trump y su equipo buscarán en el pasado otras herramientas para paliar política o económicamente la emergencia actual? Otros países lo han hecho y han encontrado en su pasado autoritario herramientas para coartar libertades y derechos a cambio de una promesa de seguridad y salud. Herramientas similares abundan en la historia estadounidense.

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