México perderá inversiones por cancelación de cervecera en Mexicali

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México podría pagar entre 900 y mil 400 millones de dólares, (aproximadamente 33 mil millones de pesos) por la cancelación de la construcción de la planta cervecera de Constellation Brands (dueña y fabricante de la cerveza Corona) en Mexicali, Baja California.

El total de la inversión de la cervecera de Constellation Brands, tan solo por la construcción, sin contar los empleos que generaría, equivale al costo de 11 aviones presidenciales, si tomamos en cuenta el tipo de cambio actual que es de 23.37 pesos por dólar y que el costo del avión que quiere vender el gobierno federal tiene es de aproximadamente 2.9 mil millones de pesos

Estas pérdidas, de acuerdo con los expertos entrevistados por Cuestione, agravarán la situación económica por la que está pasando el país ante el COVID-19. 

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La obra, que ya contaba con más de 50% de avance, fue detenida después de una consulta popular en la que votaron en contra  del proyecto 27 mil 973 personas de un padrón conformado por 796 mil 447 , el 21 y 22 de marzo, tres años después de haber sido anunciada.

Las quejas en contra de esta planta, y que finalmente llevaron a la consulta que detuvo su avance, se concentran en la cantidad de agua que hubiera consumido, de acuerdo con la organización de la sociedad civil (OSC) Mexicali Resiste.

El gobierno federal convocó a esta consulta el 20 de marzo, fue organizada por la Secretaría de Gobernación, a través de una unidad de participación que, de acuerdo con Edmundo del Pozo,  investigador de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C., fue creada para la realización de esta consulta. 

En la población de Mexicali se llevó a cabo una encuesta popular. Diferente a la que establece la Ley de Equilibrio Ecológico, que puede organizar la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en la que a raíz de una manifestación de impacto ambiental se realiza una consulta y sus resultados pueden derivar en recomendaciones. 

De acuerdo con Edmundo del Pozo, ésta última consulta no fue la que se aplicó en el caso de Baja California, por lo que recomienda, desde todos los niveles de gobierno, aclarar estos procedimientos y su utilización.

“Lo que ha pasado con el nuevo gobierno, es que se han mezclado las consultas ciudadanas y populares. Se puede prestar a la tergiversación”, detalló en entrevista con Cuestione.

La consulta no tiene efectos jurídicos. De acuerdo con Daniel Solorio, presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste y abogado de los grupos de resistencia en Mexicali, la encuesta sólo fue para darle respaldo público a una decisión que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos puede tomar, en su carácter de líder de la nación y que fue electo por el pueblo.

“Los votos tuvieron efecto político para darle respaldo a la decisión del presidente. Esta consulta no está prevista en la Ley Federal de Consulta Popular. Yo le digo a los que descalifican la decisión tomada: ¿De dónde sacan que el presidente tiene que hacer una votación para pedir la opinión del pueblo?”, dijo en entrevista.

Solorio ha sido abogado de los grupos de resistencia a la planta de Constellation Brands en Mexicali desde hace tres años, donde afirma, se llevaron a cabo protestas callejeras todos los días para defender la Cuenca del Río Colorado, con el respaldo de la Constitución, que garantiza el derecho de protesta.

Respecto a los rumores de acarreados, Daniel Solorio explicó que la convocatoria de la Secretaría de Gobernación, era para todos los mexicanos que tuvieran credencial de elector: “no se convocó solo a los mexicalenses”.

Debido a las características que tuvo la consulta convocada por el gobierno, el rechazo y la desaprobación a sus resultados fueron discutidos por los sectores empresariales, que señalan que esta falta de validez jurídica traerá consecuencias al país, justo en momentos en los que la economía necesita más certidumbre y recursos.

“Las decisiones de esta administración son de tipo ideológico, no basadas en estudios. El argumento para realizar esta consulta popular fue que en el sexenio pasado hubo corrupción, pero en el caso de la suspensión del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), por ejemplo, no han presentado pruebas y en éste tampoco”, dijo Enrique Díaz-Infante, Investigador del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). 

En entrevista con Cuestione, Díaz-Infante explicó que los derechos de agua que obtuvo la compañía, los obtuvo conforme a derecho, ya que ellos lograron demostrar que la extracción de agua sería de solo de 2% anual en la zona de Mexicali. 

Para Carlos Alberto Bautista, especialista en negocios internacionales e inversión extranjera de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle, era una obra que el actual gobierno de tenía que parar, pero no sabía cómo:

“Fue parte de una promesa de campaña a ambientalistas, pero no podían llegar a cancelarla debido a que la obra ya contaba con todos los permisos y derechos de impacto ambiental. Por eso tuvo que hacer una consulta que no fue organizada por el INE, lo que la convierte en un ejercicio no vinculativo, es decir, sin efectos reales”, dijo Bautista en entrevista.

Alberto Bautista explicó que las consultas no vinculantes son un ejercicio democrático realizado por las autoridades pero que sólo se usa para conocer la opinión de los ciudadanos, de ellos no deriva ninguna obligación para el gobierno que lo convocó ni de carácter judicial.

Sobre esta decisión, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) afirmó a través de un comunicado que el gobierno federal está empeñado en destruir la posibilidad de generar la confianza en los inversionistas nacionales y extranjeros, ya que “la decisión de negar los permisos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a la empresa fue arbitraria, autoritaria y unilateral”. 

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¿Cómo fue la consulta?

Desde el 23 de septiembre del 2019, el presidente ya había manifestado que su gobierno no respaldaba la construcción de esta planta, aunque ya fuera a la mitad: “El permiso que dieron para construir una gran planta para producción de cerveza en Mexicali. Eso no. Si se quiere poner la planta para producir cerveza (debería ser) al sureste (…) ahí está el 70% del agua del país”, dijo López Obrador en la conferencia de prensa.

A raíz de estos comentarios, Constellation, que exporta la cerveza Corona y el resto de marcas del Grupo Modelo a Estados Unidos, dijo que su planta no “afectará, en ningún momento, la disponibilidad y el abasto de agua en la región”, a pesar del enfrentamiento que buena parte de la población en Baja California ha mantenido en contra de esta construcción a los largo de estos años.

Finalmente, el 3 de marzo, López Obrador anunció que realizaría la consulta ciudadana el 21 y 22 de marzo en Mexicali, Baja California, justo cuando comenzaron a ponerse en marcha las medidas para evitar contagios por COVID-19

El resultado del ejercicio fue el “no” para la planta cervecera. Acudieron a votar un total de 36 mil 781 personas, de las que 8 mil 547 dijeron estar de acuerdo con la conclusión de la planta y 27 mil 973 en contra del cierre (3.5% del padrón de Mexicali). 261 ciudadanos decidieron asistir a la votación y anular su voto. 

Durante la votación se reportaron incidentes, de acuerdo a medios y a los expertos entrevistados por Cuestione.

“Reportaron acarreados, gente que no era de Baja California a la que llevaron en autobuses para que votara en contra de la planta”, dijo Enrique Díaz-Infante.

Las consecuencias de la cancelación de la cervecera

Alberto Bautista explica que al tratarse de una obra de una compañía trasnacional y por los tratados comerciales que el país tiene vigente, la decisión de suspender una obra de esta magnitud podría provocar tres demandas en instancias internacionales.

Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aún vigente, establece en su capítulo 11, que el inversionista de un país miembro del tratado pueda abrir un Panel Binacional Integrado por árbitros de los tres países, en los que se incluirá un especialista en Medio Ambiente. 

Esto seguiría vigente al entrar el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo cual no parece que vaya a suceder en corto plazo, como lo documentó Cuestione en esta nota

La segunda demanda podría venir de un arbitraje internacional del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), a través de un Panel Internacional organizado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, mejor conocido como el Convenio CIADI, del cual México es miembro desde 2018.

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El último sería una demanda de país a país, es decir, que Estados Unidos demande directamente a México ante la Organización Mundial de Comercio (OMC)

Se pueden hacer los tres al mismo tiempo, por que uno, no es privativo de otro, entonces pues, podríamos llegar a ver que se apliquen los tres si la empresa quiere sacar ventaja, porque puede hacerlo”, explicó Alberto Bautista. 

¿Aún se pueden evitar estas demandas?

Tanto Enrique Díaz-Infante como Alberto Bautista, coinciden en que el país puede evitar estas demandas a través de la negociación con la compañía, sin embargo, no podrá quitar la incertidumbre a los inversionistas, por lo que, además de pagar a la compañía por la construcción incompleta, su grado de inversión está en riesgo de ser disminuido.

El grado de inversión es la evaluación que permite a los inversionistas conocer el nivel de confianza, que pueden tener en un país en el que quieren meter su capital, lo otorgan las calificadoras internacionales y es el promedio de calificaciones en diversos factores, como libertad de prensa, certeza jurídica y deuda gubernamental. 

Las acciones de Constellation Brands cayeron 11.75% el día que se anunció la cancelación de su planta en México, por los resultados de la consulta popular, costo que los especialistas estiman, también podría ser cobrado por la compañía si accede a negociar esta cancelación con el gobierno de México.

Las pérdidas de inversión por obras canceladas van desde el NAIM, hasta esta planta cervecera, pasando por el Metrobús Laguna, y a pesar de estas cancelaciones siguen sin atenderse las demandas de recursos de varias comunidades en el país.

Después de la publicación de esta nota, AMLO dijo en su conferencia matutina que Constellation Brands aceptó reubicar la construcción de la planta cervecera en vez de ir a tribunales internacionales. La negociación se dio después de que se reuniera con directivos de la compañía el 31 de marzo.

¿Este será el primer paso del gobierno para empatar los intereses de la población con la necesidad de inversiones que tiene México?

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